El ciudadano español Germán Fresneda López Altuna, condenado por coacción y desacato en diciembre de 2022, a dos años de prisión con suspensión de la ejecución penal, por un periodo de tres años de prueba, en cuyo plazo no puede acercarse a la víctima en un radio de 200 metros, solicitó la extinción de la pena y el mismo Tribunal de Sentencia que lo condenó le concedió el fallo. Sin embargo, la fiscal del caso, Susan Vega, presentó un recurso de apelación alegando que la resolución es improcedente y que deben mantenerse las restricciones impuestas.
El caso se originó en el año 2020, cuando una residente del edificio «La Victoria», situado en el barrio Boquerón de Ciudad del Este, denunció a Fresneda por maltrato físico, verbal sistemático y comportamientos violentos. Según el expediente, el extranjero actuaba con prepotencia, se presentaba como dueño del edificio, cuando en realidad es un copropietario más como todos los ocupantes. El mismo impedía el ingreso de las visitas de la denunciante y dirigía insultos denigrantes a la víctima. La situación se agravó cuando el sujeto desobedeció una orden judicial de prohibición de acercamiento a la víctima.
La fiscal que inició la investigación y logró la condena del español fue Rocío Celeste González, quien demostró un patrón de violencia física, psicológica, humillaciones e intimidaciones contra la denunciante, residente del edificio. Durante el juicio oral y público, múltiples testigos corroboraron las violentas actuaciones del extranjero, lo que derivó en una condena considerada como un precedente judicial en materia de violencia contra la mujer, sin relación de pareja en Ciudad del Este.
El español fue condenado por coacción y desacato a dos años de prisión con suspensión a prueba por tres años, con la prohibición de acercarse a la víctima, por un Tribunal de Sentencias integrado por los jueces Herminio Montiel, Marino Méndez y Teresita Cazal. Pese a su historial de violencia contra la víctima, el mismo tribunal que lo sentenció ahora quiere extinguir la pena, cuando aún faltan varios meses para completar la condena. La fiscal original del caso fue trasladada a la Fiscalía de Santa Rita, pero su colega Susan Vega, quien asumió el caso, apenas recibió el oficio de extinción de la pena, ya presentó un recurso de apelación a la resolución, alegando que el fallo es improcedente y que deben mantenerse las restricciones impuestas.
ADMINISTRADOR IMPUTADO
En paralelo al escándalo por el fallo favorable al extranjero, estalló un nuevo caso penal en el mismo edificio. El administrador Sergio Vera Sánchez, señalado como colaborador cercano de Fresneda, fue imputado por apropiación. La denuncia fue presentada por la ciudadana brasileña Nayara Albano Azevedo, quien dejó sus bienes bajo resguardo al viajar a Minas Gerais en 2024.
Según la imputación, Vera Sánchez retuvo indebidamente electrodomésticos, joyas, documentos, dinero, un Toyota Corolla, una Nissan Navara y numerosos objetos personales de la víctima, quien no pudo regresar al país por un cuadro de depresión postparto. El caso generó fuerte repercusión por las similitudes con el entorno de conflictos en el referido predio, y por los vínculos operativos entre Fresneda y el administrador. La apelación fiscal en el caso Fresneda continúa en trámite, mientras que el proceso por apropiación avanza con posibles nuevas diligencias y medidas cautelares.
